Pastor Otoniel Font defiende la libertad religiosa en Puerto Rico durante vista del Senado

La reciente participación del pastor Otoniel Font en la vista pública ante la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado de Puerto Rico reavivó un tema tan delicado como esencial: el derecho a la libertad religiosa en una sociedad plural.

Font, líder de la iglesia Fuente de Agua Viva, defendió la importancia de permitir que los cristianos expresen su fe sin temor a represalias o restricciones. Lo hizo en el contexto del Proyecto del Senado 1, que propone establecer la Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa en Puerto Rico. Su intervención, apasionada y sincera, resonó con miles de creyentes que perciben una creciente marginación de sus convicciones en los espacios públicos.

No hay duda: la libertad religiosa es un pilar de toda democracia funcional. Nadie debe ser castigado ni silenciado por sus creencias espirituales. La Constitución de Puerto Rico y la de los Estados Unidos ya lo garantizan. La fe, para muchos, no es una simple preferencia personal, sino un fundamento existencial que informa cada aspecto de su vida.

Sin embargo, es precisamente por esa fuerza que el derecho a la religión debe ejercerse con responsabilidad. En sociedades diversas, donde conviven ciudadanos de distintas orientaciones, identidades y creencias, la libertad de uno no puede ser utilizada como argumento para limitar la de otro.

Por eso, al evaluar este proyecto de ley, es imprescindible hacerse preguntas difíciles pero necesarias:
¿Protege esta ley el derecho individual a creer y practicar la fe, o abre la puerta a justificar acciones discriminatorias bajo la bandera de la religión? ¿Se garantiza la neutralidad del Estado o se privilegia una visión religiosa por encima de otras? ¿Podría, por ejemplo, un empleado público negarse a atender a una persona trans o una pareja del mismo sexo, alegando conflicto con su fe?

El peligro no está en la religión, sino en la instrumentalización de la fe para propósitos políticos o ideológicos que atentan contra el principio de igualdad. Una ley que defiende el derecho a creer debe también proteger el derecho a no ser excluido por esas creencias.

El llamado, entonces, no es a silenciar las voces religiosas, sino a recordar que vivir en comunidad exige límites mutuos. La fe debe seguir siendo libre, sí, pero también respetuosa de la dignidad de todos.

Puerto Rico necesita leyes que fortalezcan la convivencia, no que profundicen las divisiones. La verdadera libertad religiosa no teme al otro; lo abraza como parte del mismo pueblo.