Ocho seguidores de la fe cristiana en Colombia han desaparecido tras ser convocados por un grupo armado.

Ocho seguidores de la fe cristiana en Colombia han desaparecido tras ser convocados por un grupo armado.

La Solidaridad Cristiana Mundial (CSW) solicitó una intervención urgente del gobierno colombiano tras la desaparición forzada de ocho individuos siete de ellos líderes y miembros activos de congregaciones evangélicas ocurrida los días 4 y 5 de abril en la vereda Agua Bonita, municipio de Calamar, en el departamento de Guaviare.

Los desaparecidos respondieron a citaciones personales emitidas por un grupo armado ilegal. Isaíd Gómez, Maribel Silva y Carlos Valero acudieron el 4 de abril, mientras que James Caicedo, Jesús Valero, Maryuri Hernández, Nixon Peñalosa y Óscar García lo hicieron el día siguiente. Desde entonces, ninguno ha regresado. Cuando sus familiares buscaron respuestas, los grupos armados inicialmente negaron haber realizado las convocatorias y más tarde enviaron advertencias para que cesaran la investigación y «dieran el caso por concluido».

Muchos de los desaparecidos pertenecen a las denominaciones Alianza Evangélica de Colombia (DEAC) y la Iglesia Cuadrangular (ICCG). Nixon Peñalosa, por ejemplo, era presidente de la Junta de Acción Comunal de Agua Bonita y tesorero de la DEAC. Isaíd Gómez y su esposa Maribel Silva, ambos predicadores, dejan atrás a dos hijos pequeños. Maryuri Hernández asistió a la reunión mientras su esposo cuidaba de su hija de cinco años. James Caicedo, ex pastor de la ICCG, también continúa como líder espiritual en la región.

Todos ellos habían huido de Arauca años atrás debido a amenazas, cierres de iglesias y ataques a pastores por parte de grupos armados. En la actualidad, sus vidas y las de sus familias vuelven a estar en riesgo.

El pastor Fabián Cárdenas, presidente de la DEAC, y el alcalde de Calamar, Farid Castaño, exigieron al gobierno nacional que indague y convoque de manera urgente al Consejo de Seguridad. Hasta ahora, sus demandas han sido desatendidas.

“La iglesia ha estado en oración constante desde el 9 de abril. Aunque confiamos en la justicia divina, tememos por lo que pueda suceder”, manifestó una fuente a CSW.

Scot Bower, director ejecutivo de CSW, realizó un llamado directo al presidente Gustavo Petro: “Solicitamos que se implementen medidas urgentes para localizar y asegurar el bienestar de estas ocho personas. La creciente violencia en Guaviare y otras regiones afecta gravemente los derechos humanos, incluida la libertad religiosa”.

Las iglesias continúan clamando por justicia mientras el temor, una vez más, intenta silenciar la fe.